EL TRASLADO DE DOMICILIO SOCIAL

Ha pasado ya más de un año desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional. En su momento, quedó claro que la norma se dictó para dar carpetazo a una situación de incertidumbre en lo jurídico que podía tener importantes consecuencias en otros ámbitos. Creemos que es buen momento para recordar, por una parte, cómo se generó la necesidad de ese cambio normativo y, por otra, cómo esa modificación, ya desde el punto de vista estrictamente jurídico, no hizo más que despejar las dudas en la aplicación de un artículo 285.2 LSC que ya había resultado corregido por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal.

MAR DE FONDO

Es bien sabido que la incertidumbre es poco amiga de la economía; y el problema se complica cuando topamos con sectores estratégicos que reúnen a entidades de crédito, compañías aseguradoras, empresas farmacéuticas, grandes empresas del sector de la alimentación, grupos de empresas de inversión, eléctricas o comercializadoras de gas. Pues bien, ante la situación de crisis política y económica generada en Cataluña, sobre todo a raíz de la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017, esas grandes empresas de esos sectores clave de nuestra economía, que tenían fijado su domicilio social en ese territorio, se vieron en la obligación de modificarlo a fin de proteger los intereses de sus clientes y accionistas, dado el riesgo de encontrarse ante una posible declaración de independencia unilateral.

EL DOMICILIO SOCIAL…IMPORTA.

De la misma manera que las personas físicas contamos con un domicilio, como ese lugar en el que radica nuestro centro jurídico, las personas jurídicas, y concretamente las sociedades mercantiles, precisan de ese lugar legalmente establecido para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. El domicilio social, puede coincidir con el denominado domicilio fiscal y, de hecho, suele ser así, cuando en él esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios. Pero ojo, estamos ante dos conceptos distintos, regulados por normativas diversas, aunque esto es tema para otra entrada del blog.

Fijar el domicilio de las personas jurídicas como lugar para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, resulta del todo esencial desde el mismo momento de su constitución. De hecho, uno de los requisitos imprescindibles a la hora de formalizar la escritura pública de constitución de una sociedad es precisamente determinar el domicilio de la sociedad (artículos 23 LSC y artículos 120, 183, 209 RRM)

Y ese dato no puede ser elegido de manera aleatoria ya que, únicamente puede figurar como domicilio de la sociedad, el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación, debiendo quedar establecido en nuestro país cuando el principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio español. En este sentido, y ante la amplísima casuística que se ha dado sobre este asunto, la doctrina mayoritaria entiende como domicilio social, aquel que ofrece una especial vinculación con la actividad que lleva a cabo, el lugar en que se halle el centro de la efectiva administración y dirección de la sociedad, donde se encuentra la estructura estable de la sociedad, sus oficinas comerciales y donde se halla la documentación social.

El domicilio social o estatutario tiene una gran importancia desde el punto de vista mercantil: es la dirección oficial de una sociedad, que figurará es sus Estatutos, en el Registro Mercantil y en toda su documentación; sirve para señalar el Registro Mercantil Territorial en el que deberán hacerse constar las inscripciones relativas a la sociedad (constitución, estatutos, nombramiento de cargos, aportaciones, legalización de libros, presentación de cuentas anuales…); es el lugar, por defecto, para la celebración de las juntas y pago de dividendos; o, lo que para el caso que estamos tratando tuvo especial trascendencia, determina la nacionalidad y la vinculación de la sociedad con un determinado ordenamiento jurídico.

¿QUIÉN PUEDE MODIFICAR EL DOMICILIO SOCIAL?

Ya hemos señalado que el domicilio social debe figurar, obligatoriamente, en los estatutos sociales. Pues bien, en principio, cualquier modificación de los estatutos, es competencia de la junta general. No obstante, el artículo 105 del Reglamento del Registro Mercantil de 14 de diciembre de 1956 ya disponía que que no tendría carácter de modificación estatutaria el traslado del domicilio de la sociedad dentro de la misma población, salvo que los estatutos dispusieran lo contrario, de manera que podía alterarse el domicilio dentro de esos límites por parte del órgano de administración de la sociedad. En esta misma línea, el artículo 149 de la derogada Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 285.2 de la LSC, en su redacción inicial, establecían que salvo disposición contraria de los estatutos, el cambio de domicilio social dentro del mismo término municipal no requería acuerdo de la junta general, pudiendo acordarse por los administradores de la sociedad. De este modo, cualquier otra modificación, fuera de ese término municipal, necesitaba de acuerdo por parte de la Junta.

Pero la reforma que genera la controversia es la operada por la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, al modificar el artículo 285.2 LSC, ampliando la competencia del órgano de administración a los cambios de domicilio social dentro del territorio nacional, pero limitando, de nuevo, dicha competencia a que no encontráramos una disposición contraria en los estatutos. Y decimos que con este enmienda comienzan los problemas porque muchas sociedades dejaron de modificar sus estatutos sociales, tras la modificación apuntada, y se planteaba qué ocurría si la cláusula contenida en los estatutos se limitaba a remitirse a la ley, a la LSC. ¿Se remite a la norma vigente en el momento de la redacción de los estatutos, y por tanto, al artículo 285.2 en su redacción original, siendo necesario acuerdo de la Junta para modificar el domicilio fuera del término municipal? o ¿se remite a la norma vigente en el momento concreto de operar el cambio de domicilio, de manera que sería de aplicación el nuevo artículo 285.2 LSC y, por tanto, puede operarse un cambio de domicilio dentro del territorio nacional por parte del órgano de administración de la sociedad?

Pues bien, teniendo en cuenta estas dudas que surgían en torno a la concreta aplicación de la LSC a concretos casos de cambio del domicilio social, sumando la delicada situación sociopolítica descrita al inicio de esta entrada, y a fin de evitar que las divergencias interpretativas y controversias societarias demoraran la eficacia de los efectivos traslados de domicilio que podían producirse dentro del territorio español se aprobó el Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional. Por medio de esta norma, vuelve a modificarse el artículo 285.2 LSC, proporcionando una redacción clara e inequívoca, que no deja lugar a dudas, y sienta como regla general que el cambio de domicilio social dentro del territorio nacional es una competencia que corresponde originariamente al órgano de administración de la sociedad y que solo si los socios consideran que dicha regla general debe modificarse, así lo deben fijar en los estatutos sociales, expresamente. Efectivamente, el artículo 285.2 LSC establece que “el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia”.

Pero el Real Decreto-ley no se queda ahí. Adicionalmente, y a fin de evitar las dudas que pudieran surgir en torno a las menciones que pudieran contener los estatutos de las sociedades antes de su entrada en vigor, introduce una Disposición Transitoria estableciendo que únicamente se considera existe disposición estatutaria en contrario, a los efectos del artículo 285.2 LSC citado, cuando con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley se hubiera aprobado una modificación que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

En definitiva, desde el 7 de octubre de 2017, el órgano de administración es el competente para variar el domicilio, sin acuerdo de junta, en todo el territorio nacional, salvo que, siempre con posterioridad a esa fecha, se modifiquen los estatutos y expresamente reconozcan esa función a la Junta de socios.

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