¡Chsss! Los secretos empresariales…al fin con regulación específica

INTRODUCCIÓN

El 13 de marzo de 2019 entró en vigor la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, publicada en el BOE nº45, de 21 de febrero. Estamos en presencia de la primera norma española que se dedica íntegra y específicamente a regular esta materia. Ojo, eso no significa que el secreto empresarial no fuera objeto de protección en nuestro ordenamiento jurídico, pero no es menos cierto que se antojaba necesaria una regulación específica y uniforme a fin de evitar los distintos tratamientos y diversas soluciones de que era objeto a lo largo y ancho del territorio de la Unión Europea pues, como se menciona en la propia Exposición de Motivos de la Ley 1/2019, “las entidades innovadoras están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales, como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad. La globalización, una creciente externalización, cadenas de suministro más largas y un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contribuyen a aumentar el riesgo de tales prácticas”.

La Ley 1/20109, de 20 de febrero, que incorpora al Derecho Español, con casi ocho meses de retraso, por cierto, la Directiva (UE) 2016/943, de 8 de junio de 2016, de secretos comerciales, pretende proteger cualesquiera secretos empresariales, con independencia de la fecha en que se hubiere adquirido legítimamente la titularidad sobre ellos y viene a dar un tratamiento unitario a una materia que era objeto de atención de manera dispersa. Concretamente, encontrábamos referencias al secreto industrial en el artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que ahora remite directamente al nuevo texto legal; en los artículos 178 a 280 del Código Penal que, lógicamente, siguen siendo de aplicación en ese concreto ámbito; o en artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Patentes.

Por último, señalar que el texto legal aprobado ha apostado por mantener la terminología tradicionalmente empleada en nuestro sistema jurídico en los concretos supuestos en que los nuevos términos se refieren a conceptos sobradamente arraigados en nuestra legislación, doctrina y jurisprudencia. En este sentido, en la Ley 1/2019 se emplea el término “secreto empresarial” y no “secreto comercial” y se refiere al “titular” del secreto y no al “poseedor”.

EL SECRETO EMPRESARIAL

Como aspectos más destacados de la normativa aprobada, podemos señalar los siguientes:

  • En artículo 1 al fin se recoge una definición legal de secreto empresarial, refiriéndose a toda información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna tres condiciones muy concretas: que sea secreto, es decir, no generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas; que tenga valor empresarial, real y potencial, por el hecho de ser secreto; y que su titular, el empresario, haya adoptado medidas razonables para mantenerlo en secreto. Se trata de tres requisitos que ya venían reconociéndose por nuestra Doctrina y Jurisprudencia, a falta de la tan esperada regulación, y que deben presentarse de manera conjunta para poder estar en presencia de un secreto empresarial. Se protege, por ejemplo, la información industrial o información relativa al modo de manufacturar un producto, información sobre clientes, sobre cómo incorporar un proceso o prestar un servicio o los secretos profesionales referidos a la organización interna y las relaciones entre clientes y distribuidores o know how. En este sentido, en la Exposición de Motivos de la Ley se estable que “las organizaciones valoran sus secretos empresariales tanto como los derechos de propiedad industrial e intelectual y utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial, de transferencia de conocimiento público-privada y de la innovación en investigación, con el objetivo de proteger información que abarca no solo conocimientos técnicos o científicos, sino también datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado”.
  • En segundo lugar, ese secreto empresarial aparece dibujado como un auténtico derecho subjetivo de carácter patrimonial, es transmisible y podrá pertenecer pro indiviso a varias personas, en cuyo caso, de cederse o conceder licencia a terceros, debe concretarse conjuntamente por todos los partícipes. En este sentido, no se trata de un derecho de exclusiva, de manera que es perfectamente posible el descubrimiento independiente de la misma información o de los mismos conocimientos técnicos. A diferencia de lo que ocurre con otros derechos de propiedad industrial, como la patente, en que su titular hace pública la invención y la registra para gozar de un derecho exclusivo durante un periodo de tiempo determinado, en el secreto industrial no cabe dicho registro, pues lo que se persigue es precisamente la información no se conozca, que permanezca en secreto, permitiéndole obtener, precisamente por esa razón, una ventaja competitiva frente a otros empresarios. Por tanto, el secreto nace en cuanto se crea, siempre que cumpla los tres requisitos ya apuntados.
  • Se fijan, en algunos casos de manera excesivamente amplia, supuestos en que se considera lícita la utilización de de secretos empresariales: el descubrimiento o la creación independientes; la observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones; el ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes; y cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales.
  • En todo caso, no procederán las acciones y medidas previstas en la ley 1/2019 cuando se dirijan contra actos de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial en ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información; con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con ese secreto empresarial; cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes, en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente atribuidas por el Derecho europeo o español, siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio; y con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español.
  • La Ley 1/2019 pone a disposición del demandante las siguientes acciones: la declaración de violación de secreto; la cesación o prohibición de los actos; aprehensión de mercancías infractoras; la entrega al demandante de los documentos, ficheros u objetos que contengan el secreto empresarial o su atribución en propiedad; una indemnización de daños o perjuicios; y, finalmente, la publicación de la sentencia.
  • La Ley 1/2019 atribuye a la jurisdicción civil el conocimiento de los litigios que puedan surgir al amparo de la misma, que se resolverán en el juicio que corresponda según las reglas contenidas en la LEC. Y la competencia objetiva hacer efectiva la protección de los secretos empresariales se encomienda a los Juzgados de lo Mercantil, que están también especializados en materia de propiedad industrial, competencia desleal y defensa de la competencia, lo que los convierte en especialmente idóneos. A elección del demandante, se acudirá a los Juzgados de lo Mercantil donde el demandado tenga su domicilio; donde se produzca la infracción; o donde esta produzca sus efectos. Por tanto, en última instancia, Por tanto, todos los Juzgados de lo Mercantil de España serán competentes para conocer de acciones civiles en materia de violación de secretos empresariales.
  • Están legitimados para dirigirse a los Juzgados de lo Mercantil el titular del secreto empresarial, quien posea una licencia exclusiva de explotación, o quien, no teniéndola en exclusiva, esté autorizado para impulsar la acción.
  • Las acciones de defensa de los secretos empresariales prescriben por el transcurso de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial.
  • Desde el punto de vista procesal, se agravan las medidas que los jueces y tribunales pueden adoptar con carácter general por incumplimiento de las reglas de la buena fe procesal para impedir que, bajo la cobertura de la supuesta defensa de un secreto empresarial, se utilicen las acciones previstas en la nueva Ley con la finalidad de ejercer una indebida presión sobre quien ha obtenido algún tipo de información. Por otra parte, se incorporan una serie de reglas dirigidas a preservar el tratamiento confidencial de la información que se aporte o que pueda generarse en el transcurso del proceso y que pueda constituir secreto empresarial y, por ello, objeto de protección. Además, se otorga un marco normativo para desarrollar diligencias de comprobación de hechos, de acceso a fuentes de prueba en poder de la contraparte o de terceros y, en su caso, de aseguramiento de pruebas. Y, por último, se introducen reglas en materia de tutela cautelar y especialidades en relación con la caución sustitutoria, el alzamiento de las medidas en caso de que durante la pendencia del litigio se produzca una desaparición sobrevenida del secreto empresarial y para la tutela de la posición jurídica de los terceros que se puedan ver o se hayan visto afectados desfavorablemente por las medidas cautelares.

En definitiva, nos hallamos ante una norma largamente esperada que, al fin, otorga un tratamiento concreto y diferenciado al secreto industrial o empresarial que, precisamente en los tiempos que corren, precisa de una más que necesaria protección. Y esa protección solo se puede proporcionar desde un escenario seguro, a través de una normativa clara, marcando los límites de la protección del secreto, las acciones que pueden interponerse y las garantías procesales conducentes a respetar ese secreto dentro del procedimiento.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2364

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